La Ley Para el Personal de la Policía lleva la firma del Teniente General Jorge Rafael Videla y del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Al igual que la Ley Orgánica de la Policía (sancionada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en 1958), sufrió algunas modificaciones en democracia pero sigue vigente. Sus textos definen una institución vertical y autoritaria que, entre otras distorsiones: impide denunciar ilícitos por fuera de su estructura avalando circuitos de financiamiento ilegal y permite que sus funcionarios lleven arma fuera de servicio, lo que origina tres de cada cuatro muertes producidas durante una intervención policial.
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